En la edición número 27 de este periódico, escribí sobre el Día Internacional de las personas con discapacidad, y me referí al retraso cultural, educativo y legislativo que la sociedad tiene sobre el tema. No obstante, en los últimos días he sido testigo del avance que el Congreso del Estado de Veracruz, a través del Diputado Fernando González Arroyo, ha tenido al respecto.
Se trata de la iniciativa de Ley de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar las bases que permitan el goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, así como su inclusión social con respeto de su dignidad, para que logren su participación plena en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural y laboral del Estado.
No cabe duda de que, en materia legislativa, esto es sinónimo de progreso. Con todo, tenemos que reconocer que vamos tarde, tan sólo basta hacer un breve recorrido a las legislaciones realizadas, a nivel mundial, en contra de la discriminación a la gente con discapacidad, las cuales comenzaron a surgir apenas en el siglo XX. Las primeras naciones en conseguirlo fueron Argentina (1981), Uruguay (1989), Brasil (1989), Estados Unidos (1990), Australia (1992), Paraguay (1992), India (1993) y Venezuela (1993). Naciones como Canadá, El Salvador, República Dominicana y Paquistán lo hicieron hasta principios de este nuevo milenio; México en 2005, colocándose entre los últimos países latinoamericanos en crear este tipode leyes. Como es de notarse, a pesar de que merece el reconocimiento la iniciativa del Diputado González Arroyo -en el estado de Veracruz- al ocuparse de este tema fundamental, tenemos que admitir nuestro letargo y atraso como sociedad y como nación (algo similar ocurrió con el sufragio femenino). Es hora de que los gobernnates, los políticos y los ciudadanos en general, comenzemos a crear una cultura de proactividad, de propuesta, de innovación y renovación; que estemos a la altura de las necesidades que el siglo XXI nos presenta y que, en el caso de la gente con discapacidad, procuremos informarnos mejor, respetar, aprender de ella y entender que sus demandas no son sino los derechos que todo ser humano, que todo ciudadano posee.
Para concluir, me premito citar las palabras del diputado Fernando González Arroyo, coordinador del grupo legislativo del PRI: “Como servidores públicos y mayormente como legisladores, estamos comprometidos a brindar apoyo a los sectores sociales más desprotegidos, como lo es, sin duda alguna, el que integran todas aquellas personas que enfrentan alguna discapacidad, por lo que precisamente la Ley que se propone privilegia el pleno ejercicio de sus derechos como miembros de la sociedad, en beneficio de todos los veracruzanos”.

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